EL Observador

9:24 hrs. Viernes 20 de enero de 2017 Claudio Espejo Bórquez

Efecto en Limache del rechazo a termoeléctrica de La Ligua

Esta semana, la comunidad de Quebradilla, en La Ligua, celebró el rechazo al proyecto de la central termoeléctrica Doña Carmen, en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. La iniciativa de Imelsa tenía como objetivo construir y operar una central de generación eléctrica, usando como combustible una mezcla de 60 % de gas natural licuado (GNL) y 40% de petróleo diesel, para proveer energía al Sistema Interconectado Central (SIC), en el tramo Los Vilos - Nogales.

Para ello, ingresó una Declaración de Impacto Ambiental, bajo el formato de "central de respaldo", que no debía funcionar en forma continua, sino solo frente a necesidades especiales del SIC. Sin embargo, el mismo documento estimaba que esto sucedería 188 días en 12 meses, es decir, más de la mitad del año.

Concluido el proceso, sucedieron dos cosas: primero, el Servicio de Evaluación Ambiental recomendó el rechazo del proyecto, en una decisión que, aunque no es única, aparece como poco usual. Lo hizo sobre bases sólidas, advirtiendo que la iniciativa no cumple con la normativa ambiental en aspectos de protección forestal y de la fauna, ni justifica suficientemente la decisión de no presentar un Estudio de Impacto Ambiental.

Lo segundo fue que, una vez presentada esta recomendación a la Comisión de autoridades regionales, sus miembros la acogieron y votaron rechazando el permiso ambiental. Ante este escenario, la empresa tiene como opción acudir al Consejo de Ministros por la Sustentabilidad.

Interpretando las circunstancias de esta decisión, se puede ver que los argumentos técnico-jurídicos restaron espacio al criterio político. Y en buena hora, pues más allá de la legítima postura social de rechazo a una generadora contaminante, fueron los elementos deficientes dentro del mismo proyecto aquellos que influyeron en su fracaso.

El sistema de evaluación ambiental está creado para analizar proyectos bajo fundamentos técnicos y legales, para que la autoridad resuelva políticamente, pero respaldada en elementos objetivos. Si esta misma sucesión de hechos se diera en cada iniciativa, el escenario esperable es que el SEA Regional y el Consejo de Evaluación Ambiental actúen consecuentemente con el proyecto de termoeléctrica Los Rulos, en Limache.

El camino es muy similar, aunque con argumentos técnico-jurídicos aún más fuertes: las seremis de Salud y Medio Ambiente han impugnado la evaluación desde el principio, advirtiendo que la presentación de la empresa no responde a requerimientos mínimos de la Ley Ambiental en materia de protección a la salud y compensaciones ambientales, posición que se ha mantenido hasta hoy.

Así las cosas y nuevamente considerando sólo las omisiones e imperfecciones del proyecto, el SEA debiera recomendar el rechazo de Los Rulos y el Consejo, por su parte, actuar en la misma línea.

Si eso no sucede, todos tendríamos genuino derecho a creer que el sistema actúa con dos conductas distintas, ante dos escenarios casi idénticos.



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