EL Observador

11:43 hrs. Viernes 13 de enero de 2017 Marisol Valdés Riffo

Ley Emilia: la disparidad de los recursos

El 16 de septiembre de 2014 se promulgó la ley Nº 20.770, conocida como "Ley Emilia" y que apunta a endurecer las penas a quienes causen lesiones graves o muerte por conducir tras haber bebido.

Dos días antes, al ser aprobada por el Congreso, el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, dijo que "estamos contribuyendo a la reducción de fallecidos en accidentes de tránsito, además de entregar las garantías de una justicia efectiva a los familiares de las víctimas, garantizando que quienes provocan la muerte o lesiones graves a otra persona por manejar bajo la influencia del alcohol deban cumplir una pena de cárcel".

Sin embargo, el pasado 13 de diciembre y tras la presentación de un recurso por parte de un imputado, el Tribunal Constitucional (TC) consideró "inconstitucional" la aplicación del artículo que establece la obligación de cumplir un año de cárcel para quienes hayan causado lesiones gravísimas o muerte, así como también para aquellos que fuesen condenados por retrasar la alcoholemia o huir sin prestar ayuda.

En el fallo se establece que "en un Estado democrático, las penas privativas de libertad se utilizan como último recurso, después de que esté plenamente establecido que el uso de otros mecanismos resulta insuficiente para sancionar las conductas delictivas más graves".

Si bien el pronunciamiento del TC está referido a este caso en particular, la jurisprudencia que establece hace posible que en lo sucesivo sigan presentándose este tipo de recursos, que buscan evadir la sanción más fuerte que logró instalar el movimiento ciudadano formado tras la muerte de Emilia Silva Figueroa. Eso sin contar que el carácter de ?inconstitucional? puede terminar en la eliminación de dicha sanción o su modificación.

En términos prácticos, la Ley Emilia ha contribuido a bajar la cantidad de accidentes por esta causa, pues según estadísticas policiales, este tipo de accidentes bajó un 9% en los tres meses siguientes a su promulgación.

Hoy, tras la decisión del TC, esta eficaz medida se ve cuestionada y debilitada por una mirada que privilegia el purismo legal por encima del bien común, que no es otro que proteger la vida de personas inocentes.

Con estos antecedentes cabe preguntarse, por ejemplo, qué sanción puede esperarse para los responsables de las muertes de Jaime Moreno Morales, fallecido al salir de una disco en Quillota o de Dylan Friz Olea, de 10 años, muerto tras una colisión en Quintero. Según el TC, la pena privativa de libertad sería el último recurso. Para las familias de los fallecidos el único recurso es visitarlos en el cementerio. Y ahora, los conductores irresponsables cuentan con el recurso de "inconstitucionalidad". Que Dios nos ampare.



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