EL Observador

9:28 hrs. Martes 27 de diciembre de 2016 Claudio Espejo Bórquez

La otra cara del Plan de Descontaminación Quintero, Concón Puchuncaví

El camino que ha tomado el Gobierno en la presentación del Plan de Descontaminación de Quintero, Concón y Puchuncaví tiene un aspecto que ha provocado preocupación entre los alcaldes del territorio: parece dejar a merced de las empresas la decisión de cómo se las arreglan para bajar su influencia en el daño ambiental que tiene la bahía.

Aunque es muy valioso que después de tantos años el Estado haya dado forma a una iniciativa para bajar los niveles de contaminación, también es importante advertir que parece haber hecho una finta a su responsabilidad de cautelar el derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Ello, en un espíritu muy diferente al que consignaba el anteproyecto presentado a la comunidad en la etapa de Participación Ciudadana.

En ese documento, un elemento esencial era la exigencia desde el Estado hacia las principales compañías de realizar inversiones para capturar la mayor cantidad de elementos dañinos, aplicando mejoras tecnológicas y garantizando, por medio de esa vía, una verdadera reducción de sus emisiones.

Pero lo que fue aprobado en el Consejo de Ministros describe una salida alternativa, no consignada originalmente en el anteproyecto: compensar íntegra o parcialmente sus emisiones, actuando sobre otras fuentes contaminantes, externas a sus muros.

En un ejemplo simplificado al máximo, si una termoeléctrica quisiera reducir el daño que produce su chimenea por la emisión de material particulado respirable, tiene como opciones instalar los filtros más modernos disponibles en la industria o pavimentar suficientes calles de tierra para bajar la polución en el territorio impactado por su planta.

Este cambio es el que ha inquietado a los alcaldes de Concón, Óscar Sumonte; y Quintero, Mauricio Carrasco. Ambos se han manifestado sorprendidos, sintiendo que el plan vulnera su espíritu original.

Los más escépticos sienten que, además, da una oportunidad política "de oro" a las empresas para que inyecten recursos en la comunidad, con el fin real de evitar "peaks" de contaminación, pero haciéndolos pasar como programas de Responsabilidad Social.

Otros están pensando presentar recursos que cuestionen la legalidad del Plan, apelando al Decreto Supremo 39, que rige los Planes de Descontaminación y consigna expresamente que las empresas sólo pueden compensar, cuando es imposible bajar sus emisiones por medio de cambios internos. Esa excepción, para varios expertos, aquí no se da.



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