Por: Boris Olguín Tapia
Director de Finanzas
Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea de Aconcagua (CERCA)
Las cargas que trae consigo marzo, son los látigos que obligan a toda la fuerza laboral a producir la mayor rentabilidad posible. Y ¿cuál sería el objeto de esta satírica comparación? Que haya un equilibrio con los meses de enero y febrero, que fueron para una masa de personas un gran alivio y relajo en las merecidas vacaciones, pero que sin mediar piedad, igual recibirán los azotes del tercer mes.
Marzo trae consigo una carga de compromisos de toda índole, como son las matrículas de colegios y universidades, pagos de patentes, revisión técnica, volvemos al ritmo normal de consumo, permisos de circulación, las primeras cuotas de los regalos navideños y para colmo, el término del subsidio del impuesto al combustible, y aún falta un mes para la devolución masiva de los impuestos.
¿Cuáles serán entonces las políticas de la nueva administración para aliviar las cargas a las familias de clase media en el mes de marzo? Los bonos por carga familiar, que sin lugar a dudas favorecen en el corto plazo a las familias con gran número de hijos son una de las opciones más eficaces y directas, pero sólo están dirigidas a un segmento pequeño de la población, así como casi todos los programas sociales. Pero esto no se trata de pedir más y más bonos.
Podría ser también una muy buena idea la amortización de todos estos compromisos a lo largo del año calendario, o sea, en marzo la situación escolar, en abril los automóviles, en junio otros, otorgando un gran alivio, sin afectar la billetera fiscal, ni creando enredados sistemas de fichas, sino simplemente usando un poquito el ingenio.
Si lo hacemos así, la compensación económica de los meses de verano, se equilibra con productividad anual de las empresas, tanto desde las más pequeñas hasta los consorcios consolidados. Sin embargo, con el temido impuesto a los combustibles que se estabilizará a fines de marzo, la tarea se complicará para las empresas pequeñas y medianas, puesto que sus costos aumentarán y sus utilidades se reducirán, lo que conlleva a un alza en los precios finales, la temida inflación y con ello un freno al crecimiento, que de por sí es bajo.
Lo claro es que volviendo a precios cercanos a los 700 pesos en los combustibles, el gobierno se enfrentará a una crecida en la inflación que mantendrá en términos reales una disminución de los ingresos de las familias y ajustes al alza en los precios de consumo básico debido a los crecientes costos en producción y fletes.
Por lo tanto, la disyuntiva esta en mantener el subsidio a los combustibles o aumentarlo. Si es la segunda opción, la clase media será nuevamente afectada, ahora por las políticas económicas de la “nueva forma de gobernar”. Este 2010 es un año especial para Chile: las celebraciones del Bicentenario y la Copa Mundial, inherentemente se transforman en mejores cifras de crecimiento, al aumentar el consumo y las expectativas de la gente. Nos encontramos pues, ante un favorable panorama económico, siempre cuando ese innombrable impuesto, no esté nuevamente dirigido a torpedear el reflote de la clase media.
¿Será entonces la oportunidad de nuestros gobernantes, y ahora académicos, de generar una idea y plasmarla en una ley para reducir el costo del combustible y aliviarnos a todos de esa carga, por lo menos hasta que nuestros bolsillos hayan pasado el terrorífico mes de marzo?
