Podrían ir presos cinco años por pescar y faenar una tonina
LA LIGUA.- Una delicada situación procesal enfrentan dos trabajadores de mar pertenecientes a la Caleta de Pichicuy, quienes fueron sorprendidos faenando un ejemplar juvenil de tonina, especie protegida por la Ley de Pesca y cuya captura, muerte y faenamiento está prohibida.
La ilícita acción quedó al descubierto el jueves pasado, durante una inspección de rutina de un funcionario del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), quien detectó en pleno proceso de faenamiento del cetáceo al trabajador Manuel Candia Romero, el cual cumplía estas tareas tras recibir el ejemplar de manos del pescador Pedro Leonel Torres Vega.
Luego de constatar que estaban vulnerando la Ley de Pesca, el funcionario dio cuenta del hecho al fiscal jefe de La Ligua, Eduardo Fernández, quien dispuso la concurrencia al lugar de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad.
La tarea de los policías no fue fácil, pues encontraron una fuerte oposición de parte de los demás trabajadores del mar presentes en la caleta –incluyendo el desmayo de la cónyuge del pescador involucrado-, quienes acusaban que desconocían la prohibición de captura de este cetáceo.
Los detectives derivaron los antecedentes del caso a la Fiscalía de La Ligua, que inició una investigación por este delito.
La tonina capturada es de la especie “Marsopa Espinosa” y se encontraba aún en proceso de crecimiento, pues puede alcanzar un metro y 80 centímetros de largo y es habitualmente confundido con los delfines.
Los involucrados alegaron desconocimiento de la normativa que estaban infringiendo, y Pedro Torres agregó que la especie apareció ya muerta en las redes que había lanzado la noche anterior al mar.
Sin embargo, existe inquietud entre los organismos fiscalizadores por cuanto pese a ser ampliamente difundida la citada legislación que rige desde hace dos años, se puede tornar reiterada esta práctica en la zona costera central, vendiendo estos cetáceos a la comunidad bajo la denominación de “albacorilla”.
Para el fiscal Eduardo Fernández, “la situación de ambos imputados es muy delicada, pues el artículo 135 bis de la Ley General de Pesca establece que el que dé muerte o realice actividades de caza o captura de un ejemplar de cualquier especie de cetáceos, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, desde los 5 años de cárcel”.
